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Petición de la Sociedad Civil Boliviana para el incremento de la Ambición Climática del Estado Plurinacional de Bolivia

La advertencia de la ciencia es clara. Si no dejamos los combustibles fósiles bajo tierra y preservamos los ecosistemas marinos y los bosques, el sistema de regulación térmica planetaria colapsará de manera irreversible.

Bolivia es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático e históricamente no es uno de los mayores responsables de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Sin embargo, la escala de la emergencia climática planetaria requiere repensar de manera urgente el modelo de desarrollo nacional, el cual -hasta hoy- ha estado basado en el extractivismo, la agroindustria y el deterioro de los recursos naturales, agrediendo y socavando los derechos y la vida de los pueblos indígenas, originarios y campesinos.

Los incendios que, este año, azotaron las regiones de la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía boliviana son un ejemplo de la aplicación de políticas de desarrollo que benefician a unos pocos en detrimento de las mayorías, causando daños irreversibles a la Madre Tierra, las poblaciones y pueblos indígenas.

De seguir en este camino desenfrenado, guiado por el modelo de desarrollo capitalista, diseñado para proteger y promover las actividades contaminantes y la acumulación de ganancias de corporaciones transnacionales y de élites nacionales oligárquicas, no solo se aumentarán las emisiones de GEI, sino que se incrementarán las desigualdades económicas y sociales, degradando los medios de vida, dejándonos más vulnerables y desprotegidos ante los, cada vez más frecuentes, intensos e impredecibles impactos climáticos.

Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) son compromisos que los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han aportado voluntariamente, tras la firma del Acuerdo de París, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Estos compromisos deben estar planteados de manera participativa, acorde a las realidades nacionales, y se deben centrar en acciones de mitigación, además de incluir compromisos en adaptación, financiamiento e innovación tecnológica de modelos económicos y sociales.

La comunidad científica ha alertado que con todas las contribuciones que los países han comprometido, hasta ahora, no se logrará el objetivo definido en el Acuerdo de París: evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.

Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional deberían expresar un real compromiso de los Estados para detener el incremento de la temperatura a través de soluciones reales y efectivas que, en corto plazo, signifiquen una reducción en las emisiones de GEI y, al mismo tiempo, contribuyan a reducir las desigualdades y a lograr una transición justa con las comunidades más vulnerables.

La política nacional energética bajo la consigna de “Convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica”, además de ser inviable, está vinculada al poder de las grandes transnacionales, la construcción de megarepresas en la Amazonía y el impulso de la producción de etanol y biodiesel, vinculada a la ampliación de la frontera agrícola, destrucción de bosques para el desarrollo de monocultivos de caña, soya y sorgo, que son falsas soluciones al cambio climático, 

La apertura del mercado chino para la exportación de carne y la política agropecuaria solo beneficia a grandes ganaderos y terratenientes que son responsables de la mayor parte de la deforestación, del acaparamiento de tierras y del desplazamiento de comunidades locales e indígenas. El sector agropecuario es el principal responsable de las emisiones por ganadería y cambio de uso de suelo.

Los compromisos realizados por Bolivia ponen en riesgo la vitalidad de los ecosistemas en todo el territorio nacional, aumentarán las emisiones nacionales, generarán más injusticias económicas y sociales e incrementará la vulnerabilidad de las comunidades locales que ya enfrentan los impactos directos de estas actividades.

Bolivia, al mismo tiempo de seguir exigiendo el pago de la deuda histórica a los países desarrollados, debe comprometerse a que cualquier recurso proveniente del pago de la deuda histórica solo pueda ser empleado para enfrentar las desigualdades sociales históricas en el país, lo que significa, entre otros:

  • Asumir la responsabilidad de proteger los ecosistemas, particularmente los bosques, evitando el acaparamiento privado de la tierra y peligrosos mecanismos de mercado e integrando las propuestas de las comunidades que enfrentan los impactos de las políticas extractivas y del cambio climático.
  • Asumir que la devastación de territorios, resultado de las quemas de 2019, deben ser objeto de un diálogo abierto con participación de científicos nacionales e internacionales para la definición de acciones de restauración y/o recuperación, en beneficio de las comunidades afectadas y, en particular, de los pueblos indígenas de la región. Estas poblaciones están en claro proceso de desaparición al haber perdido sus medios de vida.
  • Generar y potenciar nuevos enfoques y modelos de desarrollo que permitan adaptar e innovar procesos productivos de base agroecológica tanto en comunidades de tierras altas como de tierras bajas que sufren los impactos del cambio climático y de actividades mineras.
  • Impulsar un modelo energético de transformación de la matriz energética a energías limpias y sustentables, de escala local, centrada en la satisfacción de las necesidades locales y con modelos de gestión y gobernanza participativa.
  • Impulsar la justicia de Género y generacional como base de las alternativas territoriales en campo y ciudad.  

Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes exigimos:

Se inicie un proceso de construcción participativa y transparente de nuevas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional que sean el reflejo de un nuevo modelo energético y productivo que, al mismo tiempo, promueva la justicia social económica y el equilibrio con la Madre tierra.

El Estado debe asumir políticas de protección de Derechos individuales y colectivos, de conservación efectiva de ecosistemas y la promoción de alternativas locales y con administración local recuperando los conocimientos y reconociendo el legado ancestral de las culturas de la región andina, oriente, chaco y Amazonía de Bolivia.

Exigimos nuevos
compromisos climáticos

REALES Y JUSTOS PARA BOLIVIA

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